La tentación de callar y de hacer alianzas electorales en México.

La tentación por acallar voces opositoras sigue latente en nuestro país mediante la creación de leyes que pretenden restringir, controlar e incluso criminalizar la protesta social; intentan disuadir la participación ciudadana y con ello limitar la libertad de expresión, las propuestas de reforma en los estados de Quintana Roo, Chiapas y Puebla lo demuestran.

La reciente normatividad aprobada por el estado de Quintana Roo coarta libertades fundamentales, ya que establece que los ciudadanos deberán pedir permiso a las autoridades para poder realizar una manifestación, lo que es más, el gobierno encabezado por el priista Roberto Borge Angulo podrá decidir cuáles son las zonas permitidas en la vía pública para realizar estas acciones.

En Chiapas el gobierno presidido por Manuel Velasco impulsó una ley que permite que los elementos policiacos hagan uso de armas incapacitantes no letales, aunque no se descarta el uso armas de fuego para disuadir a manifestantes. Esta misma reforma incluye un tema inquietante, ya que se autoriza el uso de armas de fuego para situaciones descritas como impedir la fuga de quien, según ellos, represente una amenaza. Perturba porque en realidad nadie puede garantizar que no se aplique la “Ley fuga”. Si Don Porfirio viviera ¡qué satisfecho estaría!

El ordenamiento chiapaneco, junto con el recientemente aprobado en Puebla, fue bautizado por los medios y los ciudadanos en las redes sociales como “Ley bala”.  Sorprende la prontitud y entusiasmo con los que algunos gobernadores y  legislaturas proponen y  aprueban leyes de esta naturaleza, tal como el Presidente Díaz Ordaz hubiera querido.

La ley de Moreno Valle.

Sin restar importancia a las particularidades de las legislaciones que los estados priistas de Quintana Roo y Chiapas han impulsado en la materia, es especialmente llamativo el caso de Puebla ya que el gobierno del estado es producto de una coalición electoral entre partidos cuyos orígenes están llenos de historias de movilizaciones políticas y acciones de resistencia civil, que no pocas veces llevaron a sus militantes a la cárcel, fueron sujetos a desaparición forzada o de plano asesinados.

Es particularmente grave que el gobierno poblano impulse este tipo de leyes que limitan la libertad de expresión, criminalizan la protesta y atentan contra los derechos humanos, ya que fueron el PAN y el PRD quienes llevaron a la victoria a Rafael Moreno Valle quien está muy ocupado y preocupado por otros asuntos, él ya está en la loca carrera hacia el 2018, además desde el inicio de su gestión quedó claro que pesaba más la lealtad que le debía a Elba Esther Gordillo y después de la caída de la maestra tuvo que hacerse de nuevos aliados, entre los que estuvieron los poderes fácticos y no los partidos que lo postularon como candidato.

Aunque el gobierno de Moreno Valle dice que la ”Ley bala” es incluso “una garantía para las personas pues fortalece sus derechos ciudadanos”  varias organizaciones defensoras de derechos humanos manifestaron que la intención del gobernador de Puebla al impulsar esta ley tiene su origen en la preocupación por los movimientos sociales “que surgieron contra la explotación minera en la Sierra Norte de Puebla, presas, hidroeléctricas y gasoductos, pero también contra manifestaciones que busquen cuestionar el status quo local”.

La ley aprobada en días pasados por el congreso poblano menciona que “sólo se prevé el uso de armas de fuego cuando se ponga en riesgo la vida del uniformado o terceros”  Pero ¿quién y con qué criterios decidirá si alguna acción es riesgosa?

Afortunadamente parece que la presión que ejercieron redes sociales y organizaciones no gubernamentales surtió efecto, ya que el documento aprobado en la legislatura de Puebla y el  publicado en el Periódico Oficial elimina el punto 8 fracción IV, el cual permitía la “utilización de armas de fuego o de fuerza letal” para dispersar y contener a los manifestantes.

Aun así es importante estar atentos, no sólo en estos estados sino también en el país, porque la tentación autoritaria está a flor de piel muchos políticos mexicanos sin importar su filiación política.

La necesidad de rediseñar las alianzas.

Lo ocurrido con la “Ley Bala” de Puebla debe servir como llamada de atención para que los partidos redefinan y discutan con seriedad su política de alianzas, o dicho más precisamente, de coaliciones electorales.

El gobernador producto de una coalición opositora se ha vuelto el autoritario más ruín del País ¿Entonces de qué sirve una coalición opositora?

Comienza a arraigarse en la mente de líderes de opinión, actores políticos y ciudadanos que el PAN nació con vocación autoritaria, pero en realidad sus inicios no fueron así, ellos también fueron oposición y convocaron muchas veces a marchar y a la resistencia civil. 

Los propios panistas contribuyen a arraigar esta percepción, se les olvido que ellos hace poco (tres décadas no son nada) también salieron a las calles a protestar, a reclamar sus derechos. 

Aunque anécdotas hay muchas, es de rescatarse el episodio de una militante que se encadenó a la puerta de un congreso estatal; ese hecho aún vive en la memoria de panistas del Bajío y de Michoacán, lugar en donde esta panista inició su carrera política. 

Esos miembros del PAN recuerdan bien a la protagonista de esa historia, esa persona fue Cocoa Calderón, sí ,la hermana de Felipe, misma que incluso fue arrestada por manifestarse. Pero muchos prefirieron olvidar esta historia y otras más, como si el activismo por los derechos políticos y las luchas sociales fueran un pasado vergonzante.

En 2010 los partidos  Acción Nacional y de la Revolución Democrática probaron nuevamente las mieles de la victoria, ganando al PRI con cómodo margen las gubernaturas de Oaxaca, Sinaloa y Puebla, el gusto del triunfo se desvaneció tan rápido como llegó. 

Las coaliciones electorales no se convirtieron en gobiernos de coalición, el caso más terrible es el del poblano Rafael Moreno Valle, quien estuvo y está muy lejos de las ideologías, postulados o principios de los partidos que lo postularon el PAN y el PRD.

La unión de partidos tan distintos ideológicamente tuvo su origen en la idea de volver a abrir camino para la oposición: no sólo era el poder por el poder, se trataba de frenar el avance electoral del PRI en los congresos de los estados, las gubernaturas e incluso, se pensaba, que podrían detener la frenética carrera de Enrique Peña Nieto hacia la Presidencia. El final de la historia todos los conocemos. Ni coaliciones efectivas más allá de lo electoral, ni contrapesos en las cámaras locales y del Congreso de la Unión; peor aún, el PRI se ha fortalecido tanto que estamos verdaderamente lejos de ser un país en donde exista incertidumbre democrática.

 Además, los números parecen sugerir que el PRI seguirá largo tiempo en el poder y que no será posible la alternancia en el corto plazo.

La oposición desde ahora habla de sacar al PRI de Los Pinos, pero se antoja muy complicado lograrlo en un sistema en donde se gobierna sometiendo a los ciudadanos con miedo, se usan clientelarmente los programas sociales, se impulsan y aprueban con la complacencia de la oposición reformas electorales que sólo beneficiarán al partido hegemónico (si, otra vez estamos hablando de partido hegemónico), con una oposición desarticulada y los poderes fácticos operando para el mejor postor.  Parece muy difícil lograrlo a fuerza de crayolas, papeletas y urnas electorales; eso parece, pero no todo está dicho y esto se acaba hasta que se acaba

Las  malas experiencias con las alianzas electorales no deberían desalentar a los partidos de oposición a buscar las alianzas y formar coaliciones con los partidos que, si bien pueden ser distantes ideológicamente, pueden encontrar coincidencias importantes en los temas que más preocupan, pero estos convenios deben ir más allá de las coaliciones electorales y deben formular metodologías o acuerdos para garantizar que las coaliciones electorales ganadoras se vuelvan gobiernos de coalición que tengan las suficientes restricciones y contrapesos que sirvan de freno para evitar que se tomen decisiones o se impulsen leyes claramente contrarias al espíritu doctrinario de los partidos de los que emanan estos actores políticos.